Cuando el 21 de Mayo de 2001 recibí un telegrama donde se me invitaba a ponerme en contacto con la Abogado representante del Banco Provincial para que le cancelara una deuda que, según ella, tenía como consecuencia de un crédito para la adquisición de mi vehiculo y que yo consideraba casi extinguida, ya que tan sólo debía el último giro de Bs. 218.228, la abogado me informó que mi deuda era de Bs. 4.556.635 y ofreció refinanciármela en dos años más, a lo que le respondí que debía estar equivocada ya que mi cuenta no cuadraba con esa cifra, ella mantuvo su posición y yo la mía, llegando a las amenazas de rigor, es decir, te vamos a quitar el vehículo, te meteremos en el SICRI, no tendrás más nunca un crédito, etc., asumí la posición de quien se sentía frente a un gran problema ya que era un Banco quien te estaba amenazando y hasta ese día, el Banco siempre había tenido la razón y nadie había logrado demostrar que actuaban ilegalmente y menos que devolvieran alguna cantidad de dinero obtenida de esa manera.
Mi condición de Presidente de la Cámara de la Artesanía, Pequeña y Mediana Industria del estado Aragua, me permitió acceder a los medios de comunicación social, no para plantear un problema de orden productivo sino de carácter especulativo y que, para sorpresa mía, significó conocer que no era yo sólo quien estaba pasando por esta situación sino una gran cantidad de ciudadanos clientes de la banca que estaban siendo presionados y no se les había ocurrido protestar y negarse a pagar ese monto especulativo que pretendían y estaban cobrando.
Fue la Licenciada Thaelman Félez quien me dio la oportunidad de plantear mi problema en su programa radial que se transmite por Victoria FM 103.9, el cual fue escuchado en una hora en que la gran mayoría de las personas que poseen automóviles se dirige a sus casas y escucharon en más de siete estados que yo tenía un problema similar al de ellos. Esto significó una avalancha de llamadas que le deoian a la Periodista que ellos estaban pasando por un caso igual y trajo como consecuencia que diera mi teléfono e invitara a los afectados a que se pusieran en contacto conmigo para ver de qué manera, juntos, le conseguíamos una solución a nuestro problema.
Paralelamente a ello, llamé al Presidente del INDECU, Dr. Samuel Ruh Ríos y le hice el planteamiento, a lo que me respondió que se lo pasara por escrito vía fax y que pusiera la denuncia formal ante la Institución que él preside.
Las llamadas se multiplicaron y decidí comenzar a hacer un listado de ellas y cuando tenía alrededor de 100 personas realizamos una primera reunión a la que acudieron más de 200 personas que, convertidos en una Asamblea de "deudores" de la Banca estuvimos de acuerdo en agrupamos formalmente y crear una asociación con personalidad jurídica propia que enfrentara en cualquier terreno esta especulación. Fue el Dr. Oscar Bohórquez Hurtado quien le dio la forma y el soporte jurídico a lo que queríamos y esa misma noche de la primera reunión conformamos el equipo directivo que hasta el sol de hoy, ha asumido con gallardía, tesón y entereza las riendas de la Asociación de Usuarios de los Servicios Bancarios de Venezuela - ASUSERBANC.
El 30 de Agosto de 2001 hicimos nuestra primera gran caravana de vehículos afectados por la Cuota Balón hacia la ciudad de Caracas y fueron más de 300 carros que a medida que nos aproximábamos a la capital abarcamos los tres canales de la autopista y bajamos la velocidad a 40 Km/h, lo que convirtió nuestra entrada a Caracas en una manifestación kilométrica con miles de vehículos detrás de nosotros. Fuimos al NDECU y nos recibió su Presidente el cual se comprometió mediante un Acta a comenzar el Procedimiento Administrativo que determinara la ilegalidad de la Cuota Balón. Ese día le hicimos entrega de un listado con 675 afectados y solicitamos se citaran los representantes de los bancos Provincial, Mercantil, Venezuela, Corpbanca, Federal y City Banc, lo cual se cumplió siete días después y comenzamos nuestras discusiones con ellos. De ahí continuamos hasta la Asamblea Nacional, donde nos recibió una comisión de Diputados y se comprometieron a estudiar nuestra situación y crear una Comisión Especial para revisar todo lo relativo a los créditos para la adquisición de viviendas y vehículos.
El 24 de enero de 2002, el Tribunal Supremo de Justicia dicta sentencia sobre los créditos indexados y cuota balón, obligando al Banco Central de Venezuela a fijar las tasas de interés que deben aplicarse desde enero de 1998 en adelante y ordena al Indecu a investigar el Sistema de Financiamiento de Vehículos, así como a reestructurar los créditos a quienes denuncien ante el, aplicando las tasas del Banco Central. De igual manera le ordena a la Superintendencia de Bancos a crear la normativa necesaria para cumplir con la reestructuración.
La Banca hizo lo que quiso con estas decisiones, entre otras, tratar de impugnar todo lo que significara obligarlos a cumplir con el mandato de la Sentencia del 24 de enero de 2002, Y fue nuestra dura, tenaz y perseverante acción que permitió que tanto el lndecu y la SUDEBAN comenzaran a presionar por diferentes vías a las instituciones financieras para que procedieran a recalcular los créditos y darle respuesta a nuestros afiliados.
"Que nuestros créditos no eran de Cuota Balón..." y logramos que la Superintendencia de bancos realizara los análisis financieros que determinaron que si eran créditos bajo la figura de Cuota Balón como lo define la Normativa 145.02 en su artículo 2 numeral 3, publicada en Gaceta Oficial 37.516 del 29 de Agosto de 2002.
"Que nuestros vehículos no eran de trabajo..." y logramos que el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio definiera y publicara en Gaceta Oficial 38.157 de fecha 01 de Abril de 2005 lo que es un "Vehículo a ser utilizado como Instrumento de Trabajo", tal y como lo establece la sentencia del T. S. J.

Con estas dos acciones que nos llevaron casi cuatro años de lucha con reuniones de trabajo en la Vicepresidencia de la República con el apoyo del los Diputados Darío Vivas (Presidente de la Comisión Especial), Rafic Souki y Carlos Colina Yánez, logramos que la Banca comenzara a dar respuestas y hoy vemos como el Banco Provincial, después de haber solicitado una reunión tanto en la SUDEBAN como en el lNDECU conjuntamente con ASUSERBANC, comenzó a dar las respuestas que siempre consideramos deberían ser, en beneficio de nuestros afiliados y la totalidad de sus clientes, y hoy podemos decir con mucha satisfacción que logramos lo que jamás había sucedido en la historia financiera de nuestro país como es, hacer que la Banca reconozca haberse apropiado indebidamente del patrimonio de sus clientes y devolverles el dinero mal habido.
Seguimos tratando conjuntamente con la División de Asuntos Bancarios del lndecu de obligar al resto de los Bancos que aplicaron la modalidad crediticia denominada Cuota Balón a damos las respuestas que ordena la Sentencia del T. S. J. y así terminar de establecer el precedente histórico que permitió demostrar que no eran infalibles ni tan impolutos los que así se hicieron pasar toda la vida, e hicimos que las instituciones creadas por el Estado Venezolano para defender los derechos de los consumidores y usuarios, así como la creada para controlar, supervisar y vigilar la actividad bancaria, cumplieran con su razón de ser.
ASUSERBANC cuenta hoy con más de 6.600 afiliados en todo el país y está llamada a seguir defendiendo los derechos de los usuarios de los servicios bancarios y estamos solicitando a la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional que se establezca en la nueva Ley de Bancos, la creación del Consejo Nacional de Usuarios y así poder tener participación activa en la toma de decisiones de todo lo que tenga que ver con los intereses de los usuario de los servicios bancarios.
Ing. Arnoldo Benítez C. Presidente de ASUSERBANC.
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